El Canal de Denuncias es una herramienta establecida por la Comunidad de Regantes La Concepción, para facilitar la comunicación ágil y confidencial de irregularidades que podrían suponer incumplimientos de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, “Ley 2/2023”).

Las comunicaciones/denuncias pueden presentarse de modo anónimo. Cuando realices una comunicación, puedes decidir si revelas o no tu identidad. En ambos casos la comunicación será confidencial, objetiva e imparcial, y tu identidad reservada, no teniendo el denunciado ni terceros, acceso a dichos datos. La identidad sólo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación, con las salvaguardas contenidas en la normativa aplicable.

La Comunidad de Regantes La Concepción pone a disposición este Canal de Denuncias en cumplimiento con la Ley 2/2023, por lo que las denuncias a presentar deben tratar sobre actos o conductas, presentes o pasadas, relativas a los ámbitos de aplicación de esta ley. 

Es decir, el Canal de Denuncias está previsto para comunicar solo las siguientes acciones u omisiones recogidas en el artículo 2. Se trata de el siguiente tipo de infracciones:

a)    Cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que:

1º.    Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno;

2º.    Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); o

3º.    Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.

b)    Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

El canal está a disposición de empleados de la entidad, becarios, personal de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), proveedores y personas que trabajen para o bajo su supervisión, exempleados (relación laboral finalizada), candidatos a un puesto de trabajo, vocales y miembros de la Junta de Gobierno, Jurado de Riegos o personas que ostentes cargos en la entidad o lo hayan ostentado.

El sistema está disponible las 24 horas del día los 365 días del año, desde cualquier dispositivo a través de las siguientes vías de acceso:

-    Plataforma de la Comunidad de Regantes a través de: https://crlaconcepcion.cayc.es

-    Correo electrónico:  laconcepcion@cayc.es

-    Correo postal: Calle San Vicente Pau l1 Derecha; 22250 - Lanaja - Huesca

A solicitud del interesado, las denuncias también pueden presentarse mediante reunión presencial, debiendo para ello dirigir la petición a través de alguna de las vías de comunicación indicadas anteriormente.

Sin perjuicio de las vías de acceso detalladas, también puede dirigirse ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Cuando el Responsable del Tratamiento de nuestro Canal de denuncias recibe la notificación, se revisará la información por el gestor asignado.
Si no hay información suficiente, podrán solicitarte que la amplíes.
Si es suficiente, se procederá a decidir sobre su admisión y, en su caso, se procederá a aplicar el protocolo correspondiente de acuerdo al tipo de incidencia. Si la comunicación se refiere a hechos que pueden constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave o a otras infracciones legalmente establecidas, se aplicará el procedimiento de la Ley de Protección del Informante.

En este último caso, en los 7 días naturales siguientes a la recepción de tu comunicación, te enviaremos un acuse de recibo, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.

Seguidamente, se iniciarán las actuaciones de investigación, que no podrán tener una duración superior a tres meses a contar desde la recepción de la comunicación, salvo casos de especial complejidad, en los que podrá extenderse el plazo hasta un máximo de otros tres meses adicionales.

Cualquiera que sea la resolución o decisión final, se comunicará a la persona informante, salvo que haya renunciado a ello o que la comunicación sea anónima.

Si te has identificado, recibirás en tu correo electrónico avisos cuando se realicen actuaciones en relación con tu denuncia. También podrás acceder al estado de la comunicación como se indica en el párrafo siguiente.

Si no te has identificado, podrás acceder al estado de tu denuncia utilizando el código de seguimiento - identificador de denuncia que se te facilita al crear la denuncia.

Aportar información falsa se considera una infracción muy grave de la Ley de Protección del Informante. Además, las personas que remitan informaciones falsas, tergiversadas u obtenidas de forma ilícita no gozarán de la protección frente a represalias.

El Canal de Denuncias de la Comunidad de Regantes La Concepción dispone de una serie de principios de actuación y garantías:

-    Externalización parcial de la gestión (en su caso).

-    Autoridad e Independencia.

-    Confidencialidad.

-    Anonimidad y no rastreabilidad.

-    Reserva de la identidad del denunciante.

-    Prohibición de represalias y protección al denunciante.

-    Derechos del denunciado y de las personas afectadas.

Como se indica en el artículo 39 de la Ley 2/2023, durante la tramitación del expediente, las personas afectadas por la comunicación tendrán derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente en los términos regulados en dicha ley, así como a la misma protección establecida para los informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.

Los informantes deberán:

a) Informar y comunicar únicamente sobre aquellos comportamientos o actuaciones enunciadas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

b) Describir de la manera más detallada posible las circunstancias que faciliten la identificación de la irregularidad.

c) Proporcionar toda la documentación disponible acerca de la situación que se comunica, o indicios objetivos para poder obtener pruebas por parte del personal a quien se asigne la investigación sobre los hechos o comportamientos informados.

d) Buena fe y diligencia: el informante deberá garantizar que la comunicación interna se formula actuando de buena fe, esto es, que crea que es sustancialmente cierta, que no sea infundada ni haga acusaciones falsas, ni que carezca de motivación o busque venganza o beneficio personal.

e) No se admitirán comunicaciones basadas en opiniones que no vengan acompañadas de la suficiente fundamentación o evidencias ni aquellas otras que sean notoriamente falsas.

f) Deber de confidencialidad: el informante bajo ningún concepto comunicará ni el contenido de la comunicación interna ni la identidad de las personas afectadas por la misma a terceros u otras unidades organizativas de la Comunidad de Regantes distintas de los Gestores del Sistema o del Responsable del Sistema interno de información y personal asignado a este.

Contravenir y romper esta obligación de confidencialidad podrá conllevar la adopción de distintas medidas: disciplinarias, según lo que dicte el régimen sancionador que resulte aplicable; contractuales, especialmente si el informante es o pertenece a un proveedor; e, incluso, el emprendimiento de acciones legales.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula una serie de medida de protección para los informantes en los artículos 35 y siguientes, entre las que destaca la prohibición de represalias, incluidas las amenazas y tentativas de represalia contras las personas que presenten una comunicación. En caso de sufrirlas, podrá solicitar la protección de la autoridad competente que, excepcionalmente y de forma justificada, podrá extender el período de protección, previa audiencia de las personas u órganos que pudieran verse afectados.

También se prevé la posibilidad de acceder a medidas de apoyo jurídico, financiero y psicológico, si así lo decida la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), con independencia de la asistencia que pudiera corresponder por la Ley de asistencia jurídica gratuita en procedimientos judiciales.

Actualmente, este cargo está por designar por la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes La Concepción.

Actualmente, este cargo está por designar por la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes La Concepción.